La Justicia Federal se manifestó en contra del aumento de la tarifa de gas impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Energía y Minería desde el pasado 1 de abril. El titular del Juzgado Federal N°4, Alberto Recondo, instó al ministerio a realizar la correspondiente Audiencia Pública para acordar un nuevo cuadro tarifario, tal como lo solicitaron diputados provinciales del Frente para la Victoria junto a la ONG “CEPIS” en el amparo presentado en los primeros días de abril.
En ese sentido, el juez Recondo se expidió sobre la irregularidad del aumento que rige en la facturación de los últimos dos meses en el sistema de gas y estableció que el Ministerio de Energía de la Nación debe llamar a una Audiencia Pública en los próximos 20 días. En caso de que el Ministerio no cumpla con la sentencia, la justicia dejará sin efecto los aumentos realizados y ordenará retrotraer las tarifas al 31 de marzo.
Desde ese lugar, el diputado provincial José Ottavis, explicó que “más allá de lo positivo de la decisión tomada por el Juez, vamos a pedir a la Justicia que deje sin efectos los aumentos que ya están vigentes, hasta que no se realice la audiencia y se fijen nuevamente las tarifas. Entendemos que resulta imprescindible que no tenga efecto el aumento mientras se espera la realización de la Audiencia Pública, ya que ningún vecino puede esperar frente una realidad económica que angustia y agobia todos los días”.
Asimismo, Ottavis, sostuvo que “dicho fallo representa un paso muy importante para lograr defender los derechos de todos y el artículo 42 de la Constitución Nacional que expresa el derecho a la participación ciudadana. Es por ello que no quiero de mencionar y destacar el protagonismo de más de 60 mil vecinos de la provincia que nos acompañaron con más de 60 mil firmas”.
Por su parte, la diputada provincial Marisol Merquel, aseguró que “desde el primer momento solicitamos la realización de la audiencia pública para que todos los afectados, las asociaciones de consumidores y la ciudadanía en general puedan tener participación en esta medida que se ha tomado y que afecta directamente a todas las familias de la Argentina”.
De la misma manera, la diputada Rocío Giaccone, remarcó, que “el aumento desmedido que establecieron Macri y el ministro Aranguren, no sólo elimina completamente el subsidio sino que propone una tarifa de gas más cara de lo que sale producirlo”.
Además, Giaccone aseguró que “estamos muy preocupados por el impacto que tiene este aumento en los sectores productivos, vemos que muchas PyMEs y comercios se ven afectados con los incrementos que recibieron en la última factura del servicio de gas”.
Del mismo modo, el diputado Juan Manuel Cheppi, indicó que “hicimos esta presentación judicial desde nuestra responsabilidad como legisladores, haciéndole frente a la falta de planificación del gobierno nacional a la hora de establecer un nuevo cuadro tarifario”.
“Lo que demuestra la sentencia de Recondo es que el reclamo era justo porque estas medidas tienen un impacto negativo en muchos sectores y representan un feroz ajuste para el pueblo trabajador”, aseguró Cheppi.
Por su parte, el diputado Juan Debandi, celebró que el juez Alberto Recondo diera lugar al amparo y recordó que “este aumento de la tarifa indiscriminado, que no sólo afecta a la provincia de Buenos Aires, repercute en los precios, en el bolsillo de las personas y en las instituciones. En este último caso vimos como los clubes de barrio especialmente se vieron vulnerados por las altas facturas y creemos que esto no puede ser indiferente para el Gobierno provincial y nacional”.
Por último, el diputado Aníbal Regueiro, subrayó, “siempre dijimos que el objetivo de este amparo era poder avanzar en una audiencia pública y ahora que el Juez Recondo reconoce la ilegalidad del aumento, esperemos que se revierta esta medida que con mucho esfuerzo hemos tratado de frenar con las ONGs, intendentes y diputados del Frente para la Victoria”.
Cabe destacar que el amparo presentado por los diputados del Frente para la Victoria tuvo el apoyo de intendentes y concejales del FPV, además de 60 mil firmas de ciudadanos bonaerenses que solicitaron la realización de la Audiencia Pública y la suspensión de los aumentos establecidos. Además el amparo contó con el respaldo de asociaciones nacionales de consumidores y federaciones económicas que nuclean a PyMEs y cámaras de comercios de la provincia de Buenos Aires.
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